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Los censos durante el siglo XIX (1813-1907)
Tanto la dinámica de la población durante la República, como su estadística fueron elementos claves para el desarrollo y consolidación de la nueva nación. De esta manera, el empadronamiento se estableció como instancia especial para que el Estado impusiera su soberanía en todo el territorio sometido a su jurisdicción durante el siglo XIX.
Pese a que durante el siglo XVIII ya se habían realizado dos censos de población, no fue sino hasta XIX, cuando este método se convirtió en una práctica institucionalizada al servicio de la consolidación del poder central, además de ser considerada como una herramienta que contribuyó directamente al complejo proceso de construcción social de la nación.

Desde los orígenes de la República, el empadronamiento se estableció como una instancia especial para que el Estado hiciera sentir su soberanía en todo el territorio sometido a su jurisdicción, lo que tuvo sentido en la medida en que numerosas transformaciones territoriales afectaron al país durante la centuria.

Los datos arrojados por los censos de población, constituían así la base legal para la organización de las elecciones de senadores y diputados y la definición de los electores de presidentes y alcalde, además de ser eventos que entregaban información de trascendental relevancia política y que, podían ser manipulados de acuerdo a la voluntad de las autoridades a su cargo.

De esta manera, los censos realizados en el siglo XIX constituyeron una práctica de política estatal de radical importancia en la configuración misma del poder institucionalizado y se convirtieron en una vía privilegiada mediante la cual se lograban definir fehacientemente las dimensiones y los límites de la realidad que se gobernaba.

Chile fue uno de los pocos países latinoamericanos que desde su nacimiento como república, realizó censos de población en forma más o menos sistemática en los años: 1813, 1835 (recopilación de empadronamientos ejecutados en 1831 y 1834), 1843, 1854, 1865, 1875, 1885 y 1895.

El primer censo propiamente nacional que se realizó en Chile, fue el ordenado por la Junta de Gobierno en 1813, para que, con los  datos estadísticos que se recopilaran se pudiera “organizar providencias de economía y prosperidad interior y definir la representación política que correspondía a cada provincia”. De acuerdo a padrones confeccionados por Juan Egaña, la población se dividió en dos grandes ítems: españoles (antiguamente catalogados como blancos) o extranjeros europeos y  el de las castas que se subdividió en indios, mestizos, mulatos y negros, sin identificar en ninguno de los ítems la categoría de “chileno”. El censo arrojó la cifra de 621.866 habitantes para todo el territorio nacional, a excepción de Chiloé, territorio aún en manos de los españoles para ese entonces. 
 

Censos durante el siglo XIX
La aplicación de censos durante el siglo XIX, implicó un gran desafío en su elaboración y puesta en práctica. Primero, se debieron definir reglas que normaran tanto la forma de recolectar los datos, como su posterior sistematización a través de un criterio común para toda la república.
A su vez, el carácter general de los censos, implicó tomar posesión en forma simultánea de todo el territorio sometido a la soberanía del Estado, lo que obligaba a realizar una demarcación espacial que permitiera comprender los límites territoriales de la comunidad.
De esta manera y a través de la ciencia estadística, se pretendía clasificar y comprender a la población bajo un prisma que marginaba las diferencias. Sin embargo esta intensión se topaba con distintos obstáculos que le impedían lograr la rigurosidad deseada. La imprecisión de los datos finales, la escasa preparación de quienes lo ejecutaban y las dificultades de imponer un patrón homogéneo que debía lidiar con identidades particulares que no coincidían con los criterios definidos, eran sólo algunos de los problemas que debieron enfrentar las autoridades durante el siglo XIX.   


El gran obstáculo transversal en la aplicación de los censos durante el siglo XIX, fue la negativa de la población para participar en ellos. En general, el pueblo continuaba mirando con recelo las actividades censales, pues seguía viendo en ellas las mismas finalidades que las había caracterizado durante el período anterior: conocer el número de personas aptas para la guerra y establecer las posesiones individuales para imponer los impuestos. Por esto, los hombres rechazaban todo tipo de empadronamiento, huían masivamente, falseaban la información o se negaban abiertamente a responder ante las consultas de los empadronadores.

En este escenario, el Estado debía convencer a la población de participar en su iniciativa, recurriendo a mecanismos cooptativos y coactivos para eliminar la resistencia en la sociedad y asegurar la correcta aplicación de la encuesta.  En una primera instancia se intentaba convencer a la población de los beneficios que implicaba poder ser contados, apelando a que la recolección de datos tenía por única finalidad mejorar la gestión de gobierno a través del conocimiento exacto de la realidad, razón que obligaría a todo ciudadano a mirar el empadronamiento como el más elevado servicio a la patria.  Así se apelaba a que el progreso de todo país culto derivaba de una correcta enumeración de su población.

Al mismo tiempo, el éxito de un censo también dependía directamente de la voluntad de las autoridades locales, los cuales también debían ser imbuidos en un “concurso patriótico”, enfatizando la importancia de conocer el margen de acción sobre los territorios.

Con el fin de popularizar la noticia de la realización del censo entre la ciudadanía, se publicaban dos días festivos previos fijado para el empadronamiento, un bando en las plazas y plazuelas de las parroquias de cada ciudad, villa y aldea del departamento respectivo. Por un día todos los ciudadanos forman parte de un mismo proceso y todas las voluntades están orientadas hacia un objetivo común.

Durante el siglo y debido a las diferentes coyunturas y necesidades, cada censo se modificó de acuerdo a las necesidades de las autoridades y la realidad nacional. De esta forma en 1835 con el objetivo de configurar una identidad común, se suprimió la denominación de castas; en 1843 la nacionalidad se convirtió una categoría fija de clasificación, además de continuar registrando el departamento en que había nacido el encuestado, ya que hasta ese entonces la patria chica se convirtió en el único referente con el cual la mayoría de la población se identificaba. Sin embargo lentamente, el rótulo nacional se irá imponiendo entre la población en forma paralela a la denominación departamental. Ese mismo año se crea la Oficina de Estadística y se promulga la Ley de Censos que intentará establecer una política censal coherente bajo la responsabilidad de la nueva institución.

El censo de 1885 implicó un gran desafío para las autoridades chilenas que debieron enfrentar los desajustes territoriales provocados por los resultados de la Guerra del Pacífico. De esta manera consideraron a Tacna y Arica como “Territorios Anexos”.

En 1895 los formularios se modificaron para definir sin errores la nacionalidad  de los hijos de extranjeros y para reconocer, por primera vez, que en Chile no existía una sola religión. 
 

Censo de 1907
El 28 de noviembre de 1907, se efectuó el Censo General de la República, que abarcó el territorio comprendido entre la provincia de Tacna por el Norte y la de Magallanes por el Sur.
El informe final señaló que la población alcanzó a los 3.249.279 habitantes, registrando un 1,52% de crecimiento respecto del censo anterior; que la proporción entre hombres y mujeres era casi similar, registrándose apenas 837 mujeres más que hombres; que el número de extranjeros empadronados era de 134.524, siendo la gran mayoría peruanos (provincia de Tacna), bolivianos, españoles, italianos, alemanes e ingleses; que la inmensa mayoría profesaba la religión católica; que sólo el 40% de la población sabía leer; que el 43% de la población residía en zonas urbanas y que habían 101.118 mapuches repartidos en la zona sur del país.

Chile. Comisión Central del Censo
Memoria presentada al Supremo gobierno por la Comisión del Censo. Santiago : [s.n.], 1908. 
 


De esta manera, a través del tiempo y de breves informaciones cablegráficas se iba percibiendo que la operación del censo era común a todo el territorio y que tanto el gobernador de Magallanes como el de Piragua establecían providencias similares a las fijadas por la autoridad de su propia jurisdicción.

Así el censo se establece como una instancia de mutuo conocimiento, donde cada ciudadano descubre a sus compatriotas, sus problemas, lo que a la larga los termina convirtiendo en miembros de la misma comunidad nacional.
 
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