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La instrucción primaria en Chile (1820-1920)
La fe en el progreso indefinido, característica de la mentalidad ilustrada, dio desde el siglo XVIII, una importancia hasta entonces desconocida a la educación sistemática, gobernada por los mismos principios de racionalidad característicos de la ciencia.

Los hombres públicos del Chile republicano, herederos de esa mentalidad entendieron que la difusión del saber era una de las obligaciones del nuevo régimen, lo que se tradujo en la imposición de una política ininterrumpida de establecer centros de enseñanza para impartir conocimientos.

El nivel primario de educación era visto como clave para el futuro de la naciente república. La educación secundaria y superior estaba reservada, en esos años, a los sectores superiores o medios de la sociedad. La instrucción primaria aportaba, por lo mismo, el único espacio o ámbito en que resultaba posible ejercer una acción civilizadora y moralizadora sobre el pueblo, dotarlo de las competencias y capacidades para enfrentar la vida moderna, enseñarle a ser el ciudadano
 
La preocupación por elevar la cultura y educar políticamente a la población, comenzó a estar presente desde los primeros momentos de la acción emancipadora. Los proceres tomaron distintos tipo de medidas, destinadas a transformar al hombre y mujer colonial en el individuo que necesitaba el Chile del nuevo siglo. Como este esfuerzo fue asumido como prioridad estratégica para el país, terminó siendo absorbido, de manera directa, por el propio estado. 
 

El Instituto Nacional
El Instituto Nacional es considerado como uno de los fundamentos de la educación pública en Chile. De la mano del proceso independista, el primer Congreso en 1811, decide formar una institución que se hiciera cargo de la educación del país. De esta manera, dos años después y tras la fusión de  la Academia de San Luis y el Convictorio de San Carlos, se fundó el Instituto Nacional en el  edificio de la Real Universidad de San Felipe. Su objetivo era formar ciudadanos, que defendieran y dirigieran la naciente República, guiándola hacia el  progreso nacional.
La enseñanza era amplia y abarcaba desde la educación primaria, hasta los estudios superiores, así como también estudios de seminario para sacerdotes. Sus alumnos usaban un uniforme gris, corbata negra con las iniciales I.N. y dos estrellas que simbolizaban la Patria Naciente y sus profesores eran en su mayoría eclesiásticos.
Tras su cierre luego de la reconquista, Bernardo O’Higgins ordenó su reapertura en el Viejo claustro de los Jesuitas. Rápidamente el establecimiento se consolidó como el principal centro de estudios del país y núcleo de discusión en torno a la educación. Importantes figuras estuvieron ligadas a él entre las que destacaron rectores como Manuel Montt (1835-1840), Antonio Varas (1842-1845) y Diego Barros Arana (1863-1872). Entre sus profesores estuvieron Benjamín Vicuña Mackenna, Francisco Bilbao y José Victorino Lastarria, además de numerosos intelecturales extranjeros como Ignacio Domeyko, Andrés Bello, Gustave Courcelle-Seneuil y Andrés Gorbea, entre otros. 
 


La consolidación del nuevo sistema público de educación se produjo hacia mediados del siglo XIX, especialmente a partir de la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria de 1860. Ese proceso de institucionalización, sin embargo, había comenzado mucho antes. En la década de 1830 un conjunto de intelectuales, educadores y políticos comenzó a elaborar el primer corpus legal destinado a sostener un sistema de educación primaria.

Ese corpus reflejaba bien las ideas de una época cuyas ideas de la modernidad incluían varias dimensiones: la educación primaria debía aportar competencias laborales; pero junto con eso, debía servir para enseñar virtudes y socializar costumbres.

Los pensadores educacionistas
Domingo Faustino Sarmiento y los hermanos Gregorio y Luis Amunátegui, fueron quienes más influyeron desde sus altos cargos e influencias, en las políticas educacionales estatales implementadas.
Sus aportes se situaron tanto en el ámbito del sentido y la importancia de la educación primaria, como a nivel de proposiciones para su organización como sistema estatal.
1848 el argentino Domingo Sarmiento fue enviado por el gobierno chileno a  Europa y Estados Unidos para estudiar la enseñanza en las Escuelas Normales. De esta experiencia Sarmiento difundió su idea de una educación popular basada en la igualdad de derechos  lo que obligaba al gobierno a proveer de educación a las generaciones futuras para que pudieran ejercer sus derechos, haciendo notar a su vez, que la riqueza y la grandeza de una nación dependía de la capacidad industrial, moral e  intelectual de los hombres que la componían.  Al mismo tiempo le otorgaba especial valor a la educación femenina y su vocación de ser maestra para lo cual consideraba que estaba mejor dotada que un hombre.
Los hermanos Amunátegui a su vez condensaron su pensamiento en la obra De la Instrucción primaria en Chile; lo que es, lo que debería ser. Acá plantearon que la instrucción primaria era un elemento tanto del desarrollo económico y del progreso, como de la estabilidad política y del orden. Para ellos, la educación tenía  carácter moralizador y cautelador del orden y debía ser gratuita y obligatoria para que fuera eficiente.  
 


El gobierno y el parlamento fueron impulsando iniciativas en el contexto de una sociedad sin cultura y muy bajos niveles de desarrollo educativo en general.

En la Constitución de 1833 se instituía que “La educación pública es una atención preferente del Estado” y para poder cumplir con esta  tarea se discutió, durante todo el primer período de organización de la instrucción primaria, la promulgación de una ley que institucionalizara su funcionamiento.

Para este entonces convivían dos subsistemas, uno era el de educación pública y el otro la de la educación particular. El primero pertenecía a las escuelas gubernamentales, que impartían educación gratuita. El segundo estaba formado por escuelas pagadas.

En 1843 comenzó el debate por la ley de instrucción primaria, que era esencial para dar una estructura institucional al sistema.
 

Ley de Instrucción Primaria (1860)
Durante 17 años tanto el gobierno, el parlamento, como la opinión pública, debatieron sobre la importancia de establecer  los deberes del gobierno en cuanto a enseñanza pública, las formas de financiamiento y la responsabilidad sobre el Estado de impartir o no  clases de religión, entre muchos otros temas.  
Finalmente, en noviembre de 1860, se promulgó, la Ley de Instrucción Primaria.
En ella se estableció como primer fundamento, la dirección absoluta del Estado sobre la educación primaria pública y la gratuidad de la misma, gracias al financiamiento que provenía de fondos municipales, mandas forzosas y aportes estatales
Las escuelas se dividieron en elementales y superiores y se determinó que debía existir una escuela elemental de hombres y otra de mujeres en todo lugar de más de dos mil habitantes, además de una superior en cada cabecera de departamento.  Al mismo tiempo se normó el desempeño de los preceptores y el funcionamiento de las Escuelas Normales, a través de la creación de una Inspección General de Escuelas.
El papel dominante del gobierno central quedó consagrado para todo el sistema fiscal, mientras que las escuelas particulares sólo quedaron sometidas a inspección gubernativa en lo relativo al orden y moralidad.

J. Ignacio y Joaquín Larraín Z. (recopiladores)
Lei Jeneral de Instrucción Primaria. Valparaíso: Impr. del Mercurio, 1871, pp. 490-493.  
 


A partir de la década de 1880 el sistema estatal instrucción primaria entró en una etapa de consolidación y expansión. Esta fase de madurez coincidió con una coyuntura económica muy favorable que se produjo luego de la incorporación de importantes riquezas luego de la Guerra del Pacífico, que permitieron a los sucesivos gobiernos contar con importantes recursos destinados a la inversión en infraestructura y servicios educativos. Esto sucedía al mismo tiempo que surgía una nueva clase media, que exigía al estado transformar a la educación en un instrumento fundamental de promoción social, que permitiría al país combatir la pobreza y acortar las brechas sociales.
 

Los alumnos
Las escuelas se perfilaron como espacios de progresiva  institucionalización, definido por normas y reglamentos propios y exclusivos. Así, la escuela desarrolló características propias que la diferenciaba de los comportamientos cotidianos de los alumnos en la familia y la comunidad. Se introdujeron formas particulares de expresión y comunicación, marcadas por  tiempos de trabajo regidos por horarios, desplazamientos de los alumnos de acuerdo a determinadas pautas y ordenamiento de las posturas corporales en función de las tareas que se debían realizar. La sala de clase se convertía en una instancia formalizada y disciplinada, diferenciándose de otros espacios como el vecinal o familiar.
Las prácticas pedagógicas tendieron a reforzar este aspecto, separando a los alumnos en cursos y niveles, imponiendo horarios, homogeneizando el uso de textos como los silabarios y estableciendo un sistema de premios y castigos, así como evaluaciones anuales del desempeño escolar.  


Uno de los grandes pilares en este proceso de modernización del sistema educativo fue el esfuerzo desarrollado mejorar el nivel profesional del profesorado. Gracias al aporte de una segunda generación de educacionistas, integrada por figuras como Claudio Matte, José Abelardo Nuñez o Valetín Letelier, se mejoró los procesos formativos y se fue configurando un clima propicio para la discusión de los desafíos que confrontaba el país, en ámbito de la educación primaria. En este escenario el  gobierno convocó un Congreso Nacional Pedagógico en 1889 en el cual se trataron temas como métodos de lectura y escritura, la enseñanza de la higiene y la gimnasia, medios prácticos para implementar la enseñanza primaria obligatoria y la cantidad mínima de conocimientos que debían exigirse, entre muchos otros temas. Al mismo tiempo se denunció la falta de escuelas, la poca asistencia de alumnos, la lejanía a las escuelas y el trabajo infantil en el campo.

Este Congreso sólo institucionalizó un debate que hace tiempo rondaba dentro de la opinión pública. La instrucción primaria había abierto diversos flancos que aún no se encontraban resueltos como la libertad del padre para dar a sus hijos la educación que él quisiera, la libertad religiosa dentro de las escuelas fiscales, si el Estado debía obligar o no la enseñanza primaria, entre muchos otros temas.

Sin embargo el progreso como nación ya no era un elemento fundamental. El desarrollo de la riqueza que a mediados de siglo empezaba a manifestarse, se estaba logrando y para esto no se había necesitado de un pueblo más instruido. Por esto, el discurso de principios del siglo XX se centró en la a la necesidad de orden, economía, moralidad del trabajador para lograr progreso personal como clase.  

Aún así, el proceso de consolidación del sistema de educación primaria en Chile no se concretó hasta 1920, con la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria.
 
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