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La políticas macroeconómicas en Chile (1932 – 1960)
Hasta fines de la década de 1920, la economía de Estados Unidos experimentó período de particular expansión, liderado por el impresionante desarrollo industrial, que implicó un aumento desbordante de  la producción de bienes manufacturados, dando un vigoroso impulso a las exportaciones y, como contrapartida, a las importaciones de materias primas y al otorgamiento de créditos al exterior.  Esta prosperidad económica arrastró principalmente a América Latina, región que junto con gozar de los beneficios de los créditos externos, abastecía de materias primas a Estados Unidos.

Sin embargo, esta bonanza fue sólo una ilusión. La superproducción industrial y la utilización inmoderada del crédito, unidos a una desmesurada y especulativa alza en el mercado de valores de Nueva York llevaron  a la crisis de 1929.

En octubre de dicho año, la Bolsa de Nueva York fue sacudida por una inesperada baja. Los bancos y corredores que prestaban a muy corto plazo a sus clientes, no pudieron rembolsar sus créditos, lo que conllevó a la parálisis de pago en los banco y de los mecanismos de inversión; a la baja en los precios agrícolas y a la quiebra de cientos de industrias que despedían a miles de trabajadores diariamente.  

Debido a la creciente internacionalización de la economía, la crisis económica tuvo un impacto abrumador en casi todo el mundo, siendo Chile, de acuerdo al Informe Wold Economic Survey (1933) de la Liga de las Naciones, el país más afectado por la Gran Depresión.

Impacto de la crisis económica en Chile
En Chile, las consecuencias del colapso del mercado nortemericano comenzaron a sentirse en 1930. El abrupto término de la oferta de nuevos capitales, la caída violenta de los precios de las materias primeras, el cierre de los mercados del salitre y el cobre y la disminución de ingresos, conllevó a la paralización económica del país. Las exportaciones en 1932 alcanzaron sólo el 12% de lo que se exportaba en 1929, afectando particularmente al mercado minero, en el que el valor de las exportaciones del  salitre se desplomó en casi un 95%.  A su vez, el desequilibrio en la balanza de pagos, implicó una pérdida del 36% en cuatro años y la producción industrial cayó en un 25%.
Al mismo tiempo, el Estado, al financiarse fundamentalmente de la tributación del comercio exterior, sufrió un fuerte impacto en las arcas fiscales, lo que implicó la restricción del gasto público y el uso de las reservas de oro del Banco Central  para paliar el déficit en la balanza de pagos. Esto implicó que al corto plazo se declarara una moratoria en el pago de la deuda externa por primera vez en la historia del país en 1931. Finalmente, y de acuerdo a las prácticas económicas internacionales, abandonar el patrón oro en 1932, con lo que se cerraría el ciclo deflacionario de la economía.
Los efectos sociales tampoco se hicieron esperar. Entre 1931 y 1932 el costo de vida aumentó un 27%, mientras que el desempleo, sólo en el sector de la minería, alcanzó cerca un 60%. En este complejo escenario, las enormes multitudes se agolparon a las calles de Santiago, en medio de una gran represión, lo que culminó con la caída del gobierno de Ibáñez del Campo en 1931.  Sin embargo, la crisis económica, no favoreció a la estabilidad política, sucediéndose en casi un año varios regímenes políticos de toda índole.
Recién con la llegada de Arturo Alessandri en 1932, comenzó la normalidad política y el lento proceso de reactivación económica.

Documentos:
Banco Central de Chile. Memoria anual presentada a la Superintendencia de Bancos. Santiago: El Banco, 1927-. v. Años 1931 y 1932
Cuevas, Raúl. El sueño de la miseria y el hambre, Zig-Zag, (1402): 107 -108,  2 enero 1932
"Ollas comunes para alimentar cesantes". Zig-Zag, (1428):29-30, 2 julio, 1932


El impacto de la crisis económica provocó profundas transformaciones estructurales que se caracterizaron por el abandono del liberalismo económico y la aplicación de modelos de desarrollo que implicaron un cambio en las políticas económicas y un abandono de los principios que hasta entonces habían inspirado el régimen de libre mercado.

Cada país buscó liberarse de la interdependencia mundial que había caracterizado a la expansión capitalista a contar del siglo XIX. El aislamiento económico les permitió introducir medidas expansivas tendientes a crear empleos y aumentar los ingresos, proteger sus industrias, incrementar los recursos públicos y así eventualmente poder pagar la deuda externa e ir normalizando las relaciones económicas. Al mismo tiempo, el fin del sistema de convertibilidad a nivel mundial produjo una regionalización monetaria. Esto provocó que América Latina, al perder el mercado británico, comenzara a vivir un proceso de creciente dependencia de los productos exportados desde Estados Unidos, lo que hizo que en la región se consolidara el dólar como la moneda cambiaria.

En este complejo escenario la Unión Soviética, no sólo se mantuvo incólume a los efectos de la crisis, sino que además comenzó un acelerado proceso de  industrialización apoyado en la aplicación de planes quinquenales, los que fueron muy influyentes a la hora de establecer los nuevos modelos económicos en el resto del mundo.

Así, se postuló que sólo la planificación e intervención estatal directa en las variables económicas y en las relaciones comerciales harían posible el saneamiento de la economía y, por añadidura, la estabilidad social. De esta forma, prácticas como regulaciones cambiarias, control sobre los flujos comerciales que incluían tarifas, cuotas prohibiciones y licencias de importación y fijación de precios en las divisas fueron medidas habituales aplicadas por las economías nacionales.

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el aislamiento y el control de la economía se acentuaron, lo que se agudizó con la tendencia hacia la planificación interna y el fortalecimiento de la intervención estatal, consolidado con el aumento de flujo de dólares que inyectó el Plan Marshall.

La respuesta de Chile, al igual que el resto del mundo fue tender a la autosuficiencia y  reducir su dependencia de los mercados externos.  Para ello se aplicaron las medidas que la teoría en boga imponía en todo el mundo capitalista: fijación de tarifas aduaneras proteccionistas, establecimientos de cuotas de importación, elaboración de las importaciones prohibidas, control cambiario con fijación de valores diferenciados para las divisas, prohibiciones de exportaciones como el trigo, la harina, las papas para asegurar el abastecimiento interno y cuotas de importación a textiles, radios, vidros, automóviles y té, entre otros productos, disposición que benefició a la industria manufactura local.

Gabinete Tecnócrata
Durante la crisis, uno de los hechos de mayor relevancia sobre la gestión de políticas económicas, fue la incorporación de un importante contingente de ingenieros en puestos claves dentro del aparato estatal. Desiderio García Ahumada, Flavián Levine Bawden, Roberto Wachholtz Araya, Guillermo del Pedregal, Guillermo Moore y Rodolfo Jaramillo fueron algunos de los profesionales que colaboraron con el entonces ministro de Haciendo Pablo Ramírez. Pese a que  el gobierno de Ibáñez del Campo tuvo un abrupto desenlace, muchos de ellos continuaron  participando en las administraciones siguientes, dándole continuidad al contenido tecnocrático en las políticas económicas.
Bajo el auspicio de este grupo de profesionales provenientes de la Universidad de Chile y vinculados al Instituto de Ingenieros de Chile, se realizó el primer intento sistemático de fomentos de la producción, materializado con la formación en 1931 del Consejo de Economía Nacional; organismo encargado de propiciar el incremento de la producción agropecuaria, industrial y minera. Pese a los contratiempos de este consejo, que dejó sesionar tras la caída de Ibáñez, el influjo de este grupo de ingenieros,  fue cada vez mayor debido a su capacidad técnica y profesional. La incorporación de estos profesionales significó la estructuración de un concepto de Estado moderno, centrado en la gestión administrativa y tecnocrática, en oposición a las prácticas partidistas sustentadas en el clientelismo político hasta entonces predominantes. Durante los treinta los ingenieros determinación que todo progreso económico requería el desarrollo de una política de electrificación nacional y el establecimiento de medidas de protección estatal a la industria chilena.

Documentos:
Ibañez Santa María, Adolfo. “Los ingenieros, el Estado y la política en Chile : del Ministerio de Fomento a la Corporación de Fomento : 1927-1939”. Historia, (18):45-102, 1983  

Las disposiciones inicialmente aplicadas en el país tuvieron un carácter reactivo, de cara a las circunstancias externas, puesto que la crisis, al dislocar casi todas las áreas de la economía forzó el empleo de medidas urgentes orientadas a morigerar los efectos expansivos de la debacle mundial. En este contexto, el país debió realizar numerosos tratados bilaterales de comercios, en especial con aquellos países con los que tenía deudas impagas desde 1931, como Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, España y suiza. En 1936 un 60 % de las importaciones correspondieron a tratados compensatorios. Al mismo tiempo, en 1942, se creó la Junta Nacional de Abastecimientos con amplios poderes para la importación, distribución y fijación de precios de los productos esenciales.

Finalmente el país tendió al aislamiento económico, lo que a su vez favoreció la actividad industrial interna. 

Estado de Bienestar Social
Los influyentes planteamientos del economista John Maynard Keynes que propugnaban el intervencionismo estatal con miras a garantizar el pleno empleo, inspiraron el radical cambio de orientación no sólo económica, sino que también política y social. Así se difundió en el mundo diversas políticas que buscaban sanear, mediante la participación del Estado todas las facetas de la economía, además de las condiciones sociales de los trabajadores, lo que amplió la creciente injerencia del Estado al universo social.  
En este contexto, resultó perentorio realizar disposiciones de carácter más global que contemplaran la entrega de beneficios referidos a los ámbitos de la salud, vivienda, educación y previsión a los sectores más excluidos de la sociedad y responder de esta manera a las crecientes demandas sociales y evitar eventuales estallidos sociales.  
Así, se priorizó la  protección y los cuidados básico de la población mediante la inversión de altos porcentajes del presupuesto fiscal, en todo tipo de materias de beneficio social.  Ejemplo de esta política es el incremento en el gasto en materia provisional que desde un 10% en 1935, pasó a 26,9% en 1945, además la creación de distintas instituciones que velaban por el bienestar de los chilenos como la Caja del Seguro Obrero Obligatorio (1924), la Caja de Habitación Popular (1936), la Universidad Técnica del Estado (1947), el Servicio Nacional de Salud (1952) y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en 1965, entre muchas otras.  


Las alteraciones que seguía presentando la economía mundial, contribuyeron a la instalación de un proyecto consensuado entre empresarios y el estado, que descansaba en un ideal de industrialización concebido un modelo de desarrollo centrado en la sustitución de importaciones.

El terremoto de Chillán de 1939, impulsó la gestación de esta aspiración, materializada en la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO), la que tenía como objetivo el el desarrollo racional y armónico de todos los rubros productivos a lo largo del país, con el fin de elevar los niveles de vida de la población, mejorar la desfavorable situación de la balanza de pagos internacionales, en aras de reducir la dependencia económica externa y lograr el desarrollo estable en el futuro próximo.

Este proyecto nacional confluyeron diversos sociales y políticos muy diversos, todos unidos en función de una idea común de país.

Bajo el alero de la CORFO nacieron industrias como la Empresa Nacional de Electricidad (1944), la Compañía de Acero de Pacífico S.A (1946), la gran usina de acero en Huachipato, la Empresa Nacional de Petróleos S.A (1950) y la Industria Azucarera Nacional S.A, entre muchas otras. 
 
El colapso del comercio internacional derivado de la crisis mundial impuso un cambio radical del modelo económico imperante en el país. El desarrollo hacia fuera basado en la exportación de recursos naturales en el contexto de políticas de libre mercado, sucumbió por el entonces denominado “el desarrollo hacia adentro”, así, el instrumento fundamental del nuevo paradigma en la consideración de las elites de la época, fue la industrialización basada en la sustitución de importaciones. Para alcanzarla fue necesario recurrir a la intervención estatal de las principales variables de la economía  y a la transformación del sector público en un agente productivo. De esta manera, la adopción de este modelo económico respondió en buena medida, a la necesidad de insertarse en las nuevas condiciones de la economía mundial que se extendieron hasta bien avanzadas la década del sesenta.
 
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